Sociedad Española,Enferma Terminal
Han pasado ya varias semanas desde que varios centenares de jóvenes animados por una ingesta excesiva de alcohol y envalentonados por la práctica ausencia de efectivos policiales consiguieron llevar al municipio de Pozuelo a las primeras páginas de la prensa nacional y que todas las cadenas de televisión abrieran sus informativos con la crónica de los hechos.
La resaca de la pijo-borroka deja un saldo preocupante. La constatación fehaciente de que la sociedad española es una sociedad enferma y que hasta que no asumamos entre todos el diagnóstico cualquier tratamiento aplicable estará avocado irreversiblemente al fracaso.
Basta de mirar hacia otro lado, es el momento de reconocer los errores y buscar posibles soluciones. Porque, al menos estaremos de acuerdo en que algo no funciona en España cuando un
grupo de adolescentes es capaz de arrinconar y acobardar a la policía, arrasar con el mobiliario urbano de todo un municipio y terminar la noche con el intento de asalto a una comisaría de la policía nacional, todo ello grabado con teléfono móvil y colgado a las pocas horas en youtube, siendo calificado por los propios autores como:” la noche más divertida del año”.
¿Responsables? Claro está, los autores, quienes deberán de responder con su patrimonio presento o futuro el pago de los destrozos. Y en el caso de los menores de edad, los padres. Cabe recordar que en el País Vasco la kale borroka (lucha callejera es euskera) empezó a desaparecer cuando los padres se vieron obligados al pago de los autobuses públicos calcinados por obra de su prole.
Pero centremos el tema. Afirmo que la sociedad española es una sociedad enferma porque ha perdido uno de los valores básico para la pacífica convivencia entre individuos, el respeto. Respeto hacia cualquier figura que imponga, mediante su autoridad, el seguimiento o cese de una conducta. No
existe respeto por parte de la sociedad, muy especialmente la más joven, hacia la policía o los jueces gracias a una Ley del Menor que concede en la práctica una impunidad absoluta ante cualquier acción penal. La totalidad de los alumnos y buena parte de sus padres han perdido igualmente el respeto hacia la figura del maestro, una de las causas del hundimiento de la enseñanza en España, debido a la pérdida de autoridad del profesor en el aula.
Por este motivo creo adecuado el anuncio que la presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hizo esta semana de elaborar la nueva Ley de Autoridad del Profesorado, que espera ser aprobada antes de que finalice el año para que entre en vigor el segundo trimestre del curso.
La tarea de educar es una responsabilidad compartida entre los padres y el profesorado, quienes deben de colaborar con el objetivo de crear ciudadanos bien formados y preparados para el mercado laboral. Pero también enseñar en valores y principios, solo los más básicos y fundamentales para la sociedad, otra cosa diferente sería dejar en manos del Estado la formación de conciencia de nuestros hijos, es decir Educación para la Ciudadanía, a lo cual me opongo frontalmente.
Este primera Intifada de niños de papá, como la llama Rafael Martínez Simancas, ha servido para abrir muchos ojos cerrados durante años por una permisividad mal entendida. Sería deseable que la práctica totalidad de la sociedad abriera los ojos ante uno de los problemas más graves que tenemos como país.




