Es esencial, sin embargo, no caer en el vicio teñido de envidia de criticar las amplias ganancias de directivos de banca que han tenido éxito en su labor. Dirigir un banco es muy difícil, como lo muestra el fracaso de los malos gestores. Si hay alguien que gana mucho dinero haciéndolo bien, bendito sea.
El tierno espectáculo de los indignados celebrando en la Puerta del Sol el aniversario de su remedo asamblea universitaria de tiempos de Franco ha revelado con inusitada crueldad el desconocimiento general de lo que la banca española ha hecho mal, quién sufre por ello y qué servicios presta a la economía cuando realiza correctamente su labor. Con gracia y algo de apetito, pues pesaban las largas horas de vagabundeo, los manifestantes se lamentaban de que no hubiera “pan para tanto chorizo”. Protestaban de que las deudas hipotecarias no se extinguieran con la entrega de las llaves por los desahuciados. Con sus gritos denunciaban que se diese dinero público a la banca mientras se recortaban los gastos en salud y educación. Y, con cierta falta de lógica, sus pancartas pedían la creación de un banco público con dinero del Estado para conceder crédito a familias y pymes.
Quizá haya que comenzar por la esencia de la cuestión, que es a quién favorecen las ayudas concedidas a la banca por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y más directamente por el Estado cuando tenga que ampliar su participación en el capital de Bankia u otras instituciones financieras en dificultades. No son los accionistas los que ganan por el hecho de entrar el Estado en el capital: muy al contrario, suele ser la señal de que el banco está en situación angustiosa y que el capital en manos privadas queda fundamentalmente diluido, si es que no ha perdido casi todo su valor. Tampoco valen mucho las obligaciones preferentes y obligaciones subordinadas colocadas poco escrupulosamente entre un público poco ducho, como ha ocurrido en el caso de Bankia pese a la nacionalización parcial del banco, ni creo que su cotización mejore porque entre más dinero público. Los beneficiarios de esta intervención son los depositantes, no sólo hasta la suma de 100.000 euros por persona, garantizada por el FGD, sino también para cantidades más grandes, por una razón fundamental: los depósitos, el dinero bancario, constituyen la parte mayoritaria de los medios de pago de una economía. En un sistema de moneda fiduciaria con reserva parcial, en el que los bancos por definición no tienen liquidez para atender a retiradas masivas de depósitos, las autoridades no pueden permitir que se contraigan los depósitos hasta el punto de que la economía se quede virtualmente sin dinero. La parálisis sería completa. Sea el Estado con sus agencias, sea el BCE como prestamista de última instancia, atenderán las demandas de los depositantes hasta calmar sus miedos. Sin embargo, una vez saneada la institución, habrán de revender sus acciones, para resarcir a los contribuyentes que de hecho han pagado la cuenta. Tanto en Suecia en los años ochenta, como en EEUU en la actualidad, el Fisco ha acabado beneficiándose (beneficiándonos) por sus operaciones de salvamento.
Los bancos realizan la labor mal comprendida por el público de intermediar con riesgo entre ahorradores e inversores: toman fondos a corto (como serían depósitos) para prestarlos a largo (en forma de créditos). Hemos visto lo que implica para el negocio bancario la dificultad de deshacer las inversiones cuando toca devolver depósitos en una emergencia. Si vamos un poco más allá, se plantea la cuestión de las garantías que los bancos exigen para asegurarse de la devolución de sus créditos -en especial la garantía hipotecaria-. Los clientes de muchos bancos y cajas se quejan con razón de que, en épocas de bonanza, se les incitó a tomar más dinero del que podrían devolver en tiempo malos. Sin embargo, la extinción de la deuda al devolver el bien hipotecado con valor inferior al del crédito, no hace sino encarecer las hipotecas futuras. Ello se ve en los contratos hipotecarios a la americana, con extinción de la deuda al devolver la casa, que son mucho más caros que los que mantienen la obligación de devolver la totalidad de lo prestado.
Ello no quiere decir que no haya directivos y consejeros de instituciones financieras que hayan abusado y mucho de su situación para lucrarse indebidamente. Para eso está el art. 295 del Código Penal que castiga determinados delitos societarios, como los fraudes cometidos “con abuso de las funciones propias de su cargo”, que son perseguibles de oficio cuando haya una pluralidad de afectados. Y siempre está el art. 1.101 del Código Civil que declara sujetos a indemnización de daños y perjuicios los que hayan causado daños por dolo, negligencia o morosidad.
Es esencial, sin embargo, no caer en el vicio teñido de envidia de criticar las amplias ganancias de directivos de banca que han tenido éxito en su labor. Dirigir un banco es muy difícil, como lo muestra el fracaso de los malos gestores. Si hay alguien que gana mucho dinero haciéndolo bien, bendito sea.
Pedro Schwartz. Artículo publicado originalmente en Expansión el 18 de mayo de 2012. Liberalismoonline agradece a la Fundación Civismo la autorización para publicarlo.
