Antes venían a caballo y a punta de lanza a cobrar puerta a puerta y ahora lo hacen a través del correo electrónico, pero entre Saulo de Tarso y los actuales inspectores de Hacienda, a parte de 2000 años, no ha pasado nada.
Los últimos barómetros sobre intención de voto y valoración de líderes publicados por algunos medios indican que, a pesar del desgaste lógico que supone el ejercicio del poder, Mariano Rajoy sigue obteniendo mejor calificación que el líder de la oposición y, de celebrarse Elecciones a día de hoy, el Partido Popular revalidaría su mayoría absoluta al aventajar en más de diez puntos a su inmediato rival: los socialistas.
Los colegas de éstos últimos en América del Sur, los que se llaman fundadores del Nuevo Socialismo, es decir, los Hugo Chávez, Cristina Fernández y compañía, ya nos tienen más que acostumbrados a declaraciones estrambóticas con poca o ninguna base académica, normalmente más destinadas a la correspondiente cuña de televisión que a alguna razón práctica en sí. Pues bien, parece que, sus homólogos españoles, los Rubalcaba, Valenciano y compañía, han decidido subirse al carro de lo surrealista y aprovechar sus minutos de telediario para hacer declaraciones populistas que les permitan arañar algún punto en las encuestas, ahora que parece que Rosa Díez les ha dado un balón de oxígeno.
La última es la de que los concejales socialistas presenten en las corporaciones municipales donde están presentes enmiendas a la exención del IBI y otros impuestos que existe en beneficio de la Iglesia Católica. Sin embargo, llama la atención que no hayan dicho nada sobre el mismo privilegio del que gozan sindicatos o las fundaciones de los propios partidos políticos. Eso que se ha venido llamando “laboratorios de ideas”.
Bien, dicha la tontería, examinamos la realidad de las cosas. Para ello me dirijo directamente a la fuente, es decir, al sitio oficial en Internet del Estado Vaticano y busco los acuerdos internacionales suscritos con otros Estados. A fecha de 3 de enero de 1979 aparecen los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español rubricados en Tierra Santa por el entonces ministro de la UCD Marcelino Iglesias, por la parte española, y el Cardenal Villot, por la parte vaticana. En el texto, que no es muy largo y cuya lectura recomiendo a los que ya tengan prendida la llama para volver a quemar templos, aparece claramente dispuesto en el Artículo IV, punto 1º, apartado A, un numerus clausus de inmuebles que quedan exentos de la famosa tributación conocida como IBI. Los siguientes puntos del Artículo hablan, asimismo, de la exención también en el IVA, los impuestos de Sucesiones y Donaciones y, en último término, de los impuestos especiales. Todo ello se desarrolla en la Ley General Tributaria y en la legislación específica de cada impuesto.
Dicho lo cual observamos que el PSOE está planteando, ni más ni menos, que modificar un acuerdo internacional a través de los ayuntamientos. Bien, a estos pobres señores parece que nadie les ha explicado que una corporación municipal no tiene competencia para modificar la legislación estatal, pues ello incurriría en un supuesto de nulidad del Artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de los establecido en la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales. Pero lo que sí que nadie les ha comentado a estos herederos de la “revolución bolivariana” es que ni siquiera el Estado español, de forma unilateral, tiene competencia para revisar o derogar unilateralmente los Acuerdos del 79, según lo dispuesto en el Artículo 41 de la Convención de Ginebra.
Está claro que la izquierda de este país se quedó en algún punto del pasado y que, la escasa o nula preparación que tienen sus actuales integrantes, nos hace, cuanto menos, al resto de españoles sentir vergüenza ajena porque dichas declaraciones puedan ser escuchadas en otros países.
Dicho lo cual, en opinión del abajo firmante, no se debería obligar a los exentos de impuestos a pagar más, sino al obligado contribuyente a pagar menos. No se trata de quitarle derechos al que los tiene sino de dárselos al que no los tiene. Pagar anual o trimestralmente por algo que es legítimamente propio es, cuanto menos, injusto e ilógico, por un método medieval como son los tributos. Antes venían a caballo y a punta de lanza a cobrar puerta a puerta y ahora lo hacen a través del correo electrónico, pero entre Saulo de Tarso y los actuales inspectores de Hacienda, a parte de 2000 años, no ha pasado nada.
Román Terol es Presidente de la Asociación Española por el Progreso del Derecho
Después de leer tu opinión respecto a este tema, debo decir que discrepo en cuanto al fondo de la cuestión aunque en la práctica no sea considerado como algo ilegal y en cierta manera tengás razón en términos legislativos. Pero aún así, considero que no debemos olvidar como en ciertos momentos históricos la Iglesia Católica siempre ha tenido una influencia social y política determinante en la configuración de los actuales estados occidentales. Por tanto no debemos olvidar, que esta realidad tanto política como social , ha determinado en gran medida su posición privilegiada respecto a la legislación vigente por la cual estamos sometidos el resto de seres mortales.
Por otra parte creo que es necesario revisar esta serie de privilegios históricos y a ser posible en un periodo de tiempo no demasiado extenso, ya que nuestra sociedad ha evolucionado y no podemos seguir manteniendo económicamente a miembros del clero cuya única función,en principio sólo se centra el cuidado del alma y espíritu de sus feligreses. Es decir que ni siquiera están realizando una función práctica que repercuta en el conjunto de la sociedad, independientemente de que sean creyentes o no creyentes en su religión. No he visto ningún proyecto de envergadura en el cual la Iglesa Católica promueva su labor solidaria con los holgados medios económicos que recibe, tan sólo destina un 1% de su financiación a Caritas y en cambio vemos un despliegue de medios exagerado cuando se prepara la visita de Ratzinger en un país, superando incluso la pompa ceremonial de las casas reales europeas que aún permanecen vigentes.
Aprovecho para incluir un enlace de un interesante reportaje en el que se cuestiona el privilegio de la Iglesia Católica en la adquisición de bienes inmuebles que están alejados de las funciones estrictamente espirituales, bajo el amparo de la ley de Inmatriculación de propiedades, que si no me equivoco fue creada durante la dictadura franquista.
http://www.rtve.es/television/20101209/repor-iglesia-hemos-topado/383158.shtml
En definitiva considero que las leyes deben ser revisables acorde con el momento histórico que vivimos, y comprobar si realmente concuerda la función del cumplimiento de una determinada ley, con el principio ético de justicia e igualdad de derechos y deberes del conjunto de una sociedad compuesta por ciudadanos, que dista mucho de aquella corte del Rey Sol con estamentos inamovibles y clases privilegiadas.